LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN SENTIDO PROPIO.- SU CONVIVENCIA CON LA LIBERTAD DE EMPRESA.-

Libertad de expresión en sentido propio, perspicuo, implica separar ese ejercicio de ciudadanía militante con la práctica de la libertad de empresa. Son dos fenómenos sociales distintos. Uno comunicacional, deber del periodista y derecho de quienes consumimos la información a conocer la verdad y expresarla, interpretándola, dando una opinión o parecer sobre ella; la otra, la práctica de la libertad de empresa, de contenido económico en un medio competitivo al que concurren otros propietarios de medios de comunicación que exige, para atraer y mantener clientelas de avisadores, una cierta afinidad ideológica que se expresa en la línea editorial.

La pregunta del millón es cómo asegurar en un marco normativo de equidad la convivencia de ambos fenómenos sociales ¿Es necesario, como paso previo a darnos una respuesta, categorizarlos, es decir establecer cuál de esos dos fenómenos sociales debe ceder o inclinarse ante el otro o basta con considerarlos iguales en cuanto a su trascendencia e importancia en la interacción social? 

Por lo pronto he destacado como elemento común a ambas libertades o derechos, el de empresa y el de opinión, el carácter social que ambos revisten o implican. El cómo del ejercicio contemporáneo de ambos debe resolverse en la política y cifrarse o formularse jurídicamente en una ley.

Desde mi punto de vista ambos derechos son igualmente importantes en un marco de estado de derecho democrático republicano y es necesario que convivan sin destruirse y sin generar conductas hipócritas o cínicas en sus agentes, es decir los periodistas y los empresarios.

Desde este punto de vista tan injusto es que se separe a un periodista porque su opinión no coincide con la linea editorial que maneja el empresario como que éste último sea obligado a perder rentabilidad o avisadores por tener que abdicar de su posición política. Ni lo uno ni lo otro.

Una ley especial debería contemplar las dos problemáticas. Cuando se plantease una colisión entre el parecer del periodista y el del dueño del medio, éste último podría y debería dejar a salvo su opinión bajo su firma a renglón seguido del artículo o la columna del disidente. Y, por supuesto, el dueño de un medio nunca, jamás, estaría obligado a emplear jornalistas que no estén en su corriente de pensamiento, pero si estos últimos, ya empleados por él porque hubiesen coincidido al momento de ingresar a la empresa, variasen después sus formas de encarar o interpretar los hechos, nunca, jamás, tampoco, deberían tener los dueños de los medios el poder o la facultad omnímoda de despedirlos y, aún, si disfrazasen las motivaciones para el cese con pretextos o excusas y se demostrase que son tales, deberían estar obligados a mantenerlos en sus puestos. Pero la infracción a tales exigencias jurídicas por parte de los amos mediáticos deberían conllevar sanciones no únicamente económicas u obligacionales desde la perspectiva del derecho laboral y civil sino también desde el punto de vista penal.

En estas sugerencias tengo en cuenta como valor primero el del trabajo que implica una retribución económica digna para el trabajador de prensa que se gana la vida con  esta labor de informar y opinar. No hay nada peor que sujetar a alguien por su estómago, condenarlo al ostracismo o al hambre por lo que opina, explotarlo en una palabra. Este es el chantaje más inhumano y el que más daño hace. El que ejercen los monopolios y oligopolios mediaticos cuyas víctimas directas son los periodistas e indirectamente los lectores, oyentes o televidentes.

Se hace necesario legislar en esta materia. Sancionar una ley que regule prolijamente, con toda la casuistica del caso, el ejercicio de la libertad de información y expresión y su compatibilización con la libertad de empresa. Los empresarios que quieran obtener sus rentabilidades creando y manteniendo medios de información de todo tipo deben saber y tener en cuenta que no están vendiendo productos materiales consumibles, están mercando y lucrando nada menos que con informaciones y opiniones sobre los hechos de la realidad.- No deben poder mentir, no deben poder sesgar ni tergiversar los hechos, no deben poder impedirle a nadie, basados en su poder económico que es a la vez político y social, que piense y opine e interprete los hechos como le parezca. Y si lo hacen deben ser sancionados. Hay que erradicar la viciosa práctica de la mentira, la tergiversación y la difamación en el quehacer informativo porque semejante hábito constante envenena las subjetividades de quienes son destinatarios de esa información.

En esta materia no basta con un enunciado constitucional genérico y vacío, hay que explayarlo en la realidad socio política interactiva y despegarlo de la mera explotación económica formulándolo juridicamente. Los seres humanos, hombres y mujeres, debemos poder ejercer nuestras libertades, sobre todo la de expresarnos e informarnos, con todas las garantías jurídicas posibles. Los capitalistas dueños de los medios que hacen negocios con esas informaciones y expresiones deben no sólo aprender a respetarlas sino estar obligados a hacerlo.

De la multiplicidad y pluralidad de opiniones nace la verdadera democracia que está en estado de ebullición y conflicto permanente. La verdadera libertad está expresada por el pueblo en un estado de asamblea permanente y los medios deben reflejar con total respeto este debate constante de las ideas, los pareceres y las interpretaciones sobre los hechos que suceden en el seno de la comunidad política.

El capitalismo sesga constantemente esta naturaleza conflictiva de la realidad social y ello ocurre porque sus agentes, abroquelados en las corporaciones económicas que captan y concentran la riqueza, manipulan de modo incesante, con la amenaza de la carencia económica y el desempleo, las subjetividades de los periodistas que trabajan en sus medios y, a través de esa manipulación, la del conglomerado popular que interactúa y convive en esa realidad.
Una regulación normativa debería contribuir al sinceramiento de quienes modelan y formatean lo que se denomina "opinión pública" que deberían manifestar en nombre de qué intereses opinan, hablar claro, sin rodeos, porque podemos o no estar de acuerdo con ellos y tenemos todo el derecho de saber a qué atenernos.- Basta de mentiras y de impunidad para quienes nos mienten si lo hacen desde un medio de comunicación.- 

Amilcar Luis Blanco  ("La libertad guiando al pueblo" pintura de Eugéne Delacroix)